Abandono de pacientes psiquiátricos

El derecho a la protección de la salud se encuentra consagrado en nuestra Constitución como una de las obligaciones que el estado tiene hacia sus ciudadanos y de acuerdo a la institución proveedora (instituciones del Sistema Nacional de Salud, instituciones de Seguridad Social o particulares) se establecen las bases y modalidades para que un ciudadano, en este caso usuario o paciente, pueda tener acceso a la atención sanitaria en el momento que así lo requiera.

En muchas ocasiones, el usuario de la atención médica puede verse imposibilitado para acudir de forma voluntaria a solicitar la atención o bien, puede ser incapaz de tomar decisiones propias con respecto a su estado de salud, tal es el caso de los enfermos pediátricos, pacientes con enfermedad mental grave que comprometa el juicio, pacientes con discapacidad intelectual o con compromiso del estado de despierto y pacientes de la tercera edad cuyo grado de funcionalidad se encuentra considerablemente mermado.

En estos casos, el principio de autonomía se desplaza hacia los cuidadores primarios, que generalmente son familiares o tutores y quienes en conjunto con el equipo médico y con la intención de obtener la mejor resolución del problema de salud toman las decisiones y aceptan la responsabilidad de los cuidados en las diferentes etapas de la enfermedad.

Sin embargo, existen situaciones donde los cuidadores primarios se ven imposibilitados o bien, no desean llevar a cabo dicha función, aprovechando situaciones en donde el usuario se encuentra ingresado a algún servicio de hospitalización, dejando al paciente en situación de abandono en los hospitales, con las implicaciones jurídicas y éticas que esto representa, así como el incremento en los costos de hospitalización que en estos casos suelen ser absorbidos por la institución y exponiendo al usuario al riesgo inherente de la hospitalización prolongada e innecesaria.

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