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jueves, 30 de agosto de 2018


Reseña del Simposium "Derecho Sanitario y Desarrollo Humano en la Salud” organizado por la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México.

En el marco del XX aniversario de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México, se llevó a cabo el Simposium denominado “Derecho Sanitario y Desarrollo Humano en la salud”, el cual se llevó a cabo el día 17 de agosto del 2018 en el auditorio del Hotel Ixtamil, Carretera Federal Ixtapan- Tonatico Km 1.5, Ixtapan de la Sal, Estado de México, fue dirigido a médicos y ramas afines que prestan servicios de salud, el objetivo del evento fue; Resaltar la importancia de una buena comunicación médico – paciente y la importancia de la participación de todos los actores de la atención médica: Médicos, enfermeras, rehabilitadores, trabajadores sociales y desde luego el paciente y su familia en la búsqueda de la recuperación o mantenimiento del estado de salud del paciente, se contó con la presencia de 220 personas aproximadamente. 

Las actividades iniciaron a las 9:00hrs con el registro de asistentes, y posteriormente a las 10:15hrs, el Lic. Julio Becerril Duran Presidente Municipal de Ixtapan de la Sal dio la bienvenida al evento a cada uno de los asistentes, de la misma forma lo hizo el  Dr. Miguel Ángel Martínez Pérez Subdirector de Prevención y Control de Enfermedades  en representación del Dr. Gabriel O´Shea Cuevas, Secretario de Salud y Director General del ISEM, acto seguido la Dra. Elizabeth Dávila Chávez, Comisionada de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México, dio un mensaje afectuoso a los asistentes y a los organizadores del evento, la Inauguración fue a cargo de la Presidenta Municipal de Tonatico, la C. Ana Cecilia Peralta Cano.

Durante el evento se abordaron temas de interés como; “Bioética y Derecho Sanitario” impartido por el Mtro. Antonio Martínez García fundador de MAZDA abogados, “Mecanismos alternos a la solución de controversias” por el Lic. Olivares Villa, Director Jurídico de la CONAMED, “Marco Jurídico de la atención de la queja médica, por el Lic. Israel Antonio Peregrine Varela, Subcomisionado de Conciliación y Arbitraje Médico, se dio un receso de 20 minutos para continuar nuevamente con los temas; “Seguridad del paciente y calidad en la atención médica”, por el Dr. José Noé Rizo Amézquita, Subdirector de Estadística de la CONAMED, “Fundamentos de la buena práctica médica y Prevención del conflicto médico-paciente”, por el Dr. Pedro Víctor Quintana Romero , Subcomisionado de Recepción y Seguimiento de Quejas, “Actitud y Calidad de Vida”, por la Mtra. Elizabeth Durán Flores, Directora Académica de FER, Fundación FER, Instituto de Desarrollo Humano y Tanatología, al término de cada ponencia se dio un espacio de 10 minutos para preguntas y respuestas. 

 Al final de cada tema la Dra. Elizabeth Dávila Chávez agradeció a los ponentes con un reconocimiento y un obsequio a su participación. 

Por último la Dra. Elizabeth Dávila Chávez, dio clausura al evento, dando las gracias por su valiosa asistencia y participación a todas o todos los presentes, recordando que la buena práctica médica y una adecuada relación médico paciente son fundamentales para mejorar la salud de las y los mexiquenses, el evento concluyó a las 15:40hrs sin ningún incidente.

lunes, 27 de agosto de 2018


“Despertares” y los principios éticos en la práctica médica


Sin ninguna duda, la salud y la vida han sido dos de los bienes más preciados por el hombre en la historia de todos los tiempos, por eso la importancia y el respeto hacia el ejercicio de la práctica médica como ciencia orientada a su cuidado. La ­finalidad de este artículo es dar a conocer los principios éticos que se deben observar en el ejercicio de la práctica médica, preceptos que encontramos presentes durante el desarrollo la película “Despertares” que es objeto de análisis en este trabajo.
La comunidad médica ha sentido la necesidad de hacer explícitos algunos principios o valores éticos fundamentales que orientan el ejercicio de la profesión y que se encuentran contenidos en documentos como el Juramento Hipocrático, el Código Internacional de Ética Médica y numerosas Declaraciones promulgadas por organismos internacionales, entre otros.


Principio de No-Male­cencia. Corresponde al primero y más fundamental del médico, expresado en el clásico “primun non noscere” (“lo primero es no dañar”). Principio de Bene­ciencia. Enunciado en el Juramento Hipocrático de la siguiente forma: “Llevaré adelante ese régimen, el cual de acuerdo con mi poder y discernimiento será en benefi­cio de los enfermos”. Principio de Autonomía. A­rma el derecho de toda persona competente e informada a participar activamente en la toma de decisiones para aceptar o rechazar ciertas intervenciones médicas. Principio de Justicia. Sostiene que el médico tiene responsabilidad en la asignación de los recursos de salud disponibles, no sólo frente a la persona individual, sino también frente a la población en general o a un grupo de pacientes.
En la película “Despertares” el principio de Autonomía se materializa a través de la madre de Leonard, la Sra. Lowe, quien decide  firmar el Consentimiento para dar el tratamiento con L-dopa a su hijo, ya que él está incapacitado legalmente para hacerlo, una vez que ha sido informada de que se trata de un tratamiento experimental que se aplica en otro tipo de padecimiento, el mal de Parkinson, pero que puede tener efectos benéfi­cos en su hijo.
En el ­final de la película, cuando se produce la recaída de Leonard y el Dr. Sayer al estar consciente sobre el interés mostrado siempre por su paciente por conocer “la realidad” de su proceso, le comunica el estado actual de su enfermedad con un lenguaje claro y le ofrece los mejores tratamientos, dentro de sus posibilidades.

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Atentamente

Grupo técnico de análisis de información de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico



lunes, 20 de agosto de 2018

EL 30 DE AGOSTO, DÍA INTERNACIONAL DE LAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIONES FORZADAS

Con motivo del aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, los arrestos, las detenciones, los secuestros y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido, el 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamó el 30 de agosto el día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

El segundo párrafo del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que en los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

En México la desaparición forzada es un delito sancionado por las leyes penales y en enero de 2018 entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas cuyo objeto, entre otros, es garantizar la protección integral de los derechos de dichas personas hasta que se conozca su suerte o paradero; así como la atención, la asistencia, la protección y, en su caso, la reparación integral y las garantías de no repetición, en términos de la legislación aplicable.



María Ahuja
Subcomisión Jurídica.

9 DE AGOSTO, DÍA INTERNACIONAL DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS

El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas, estableció el 9 de agosto como el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, con el objeto de fortalecer la cooperación internacional para la solución de los problemas de los pueblos indígenas relacionados con sus derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud.

México tiene una composición pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas, es decir, es un territorio en el que se desarrollan diferentes comunidades con costumbres y tradiciones propias.

La protección y garantía del reconocimiento y libre determinación de los pueblos indígenas se establece en documentos internacionales ratificados por México, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM, en las constituciones de las entidades federativas, así como leyes federales y locales que rigen el actuar del Estado.

En agosto de 1990 México ratificó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribunales en Países Independientes, adoptado en 1989 por la Organización Internacional del Trabajo. El Decreto promulgatorio correspondiente a dicho Convenio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 1991.

En términos del artículo 2, inciso A de la CPEUM, los pueblos y las comunidades indígenas tienen derecho a la libre determinación y autonomía para:

1. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.
2. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de la CPEUM, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.

3. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.

4. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

5. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en la CPEUM.

6. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la CPEUM y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de la CPEUM.

7. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos.

8. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de la CPEUM. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Con fundamento en lo anterior, el 13 de marzo de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, cuyo objeto es regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas, bajo un contexto de respeto a sus derechos.

Días después, el 21 de mayo de 2003, se publicó en el señalado órgano de difusión la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas con la que se crea la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas cuya finalidad es orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas.


María Ahuja
Subcomisión Jurídica


Eutanasia, Ley de voluntad anticipada, y la película “Mar adentro”


La legislación de la eutanasia se inicia en Holanda y se globaliza por casi toda Europa. Esta acepción ha ganado adeptos desde que en los países bajos, después de una discusión pública que duró 20 años, llegaron a la conclusión, en 1983, de que la eutanasia sólo puede ser entendida como la acción deliberada que quita la vida a otra persona.

La práctica de ayudar a bien morir solamente se debe llevar a cabo en pacientes en que esté debidamente comprobado que se encuentran en una etapa terminal y con ello se les evitarán sufrimientos prolongados e innecesarios; es decir, que su enfermedad sea incurable y que a corto plazo les llegará la muerte. Los argumentos a favor de la eutanasia, entendiendo a ésta como un acto deliberado que causa la muerte con el ­n de dotar de calidad de vida al paciente en sus últimos momentos, centrando su atención en la inhibición de un sufrimiento prolongado aludiendo razones humanitarias.

En el capítulo de Antecedentes se menciona que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo tercero reconoce el derecho a la vida, aunque en el artículo quinto señala el derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes lo que abre la posibilidad a la Eutanasia, la cual a­rma el promovente -de la iniciativa puede ser un derecho, pero siempre llenando requisitos y bajo cierto requerimientos.


Precisa también que en defensa de la dignidad humana, la Eutanasia representa una opción, porque es más digno prolongar la vida cuando se sabe de antemano que no hay remedio, por lo tanto -concluye- la iniciativa pretende fortalecer la dignidad humana y crear elementos legales que permitan, a quien lo desee, acceder a una muerte digna.

En palabras usadas en la Revista de Medicina y Cine de la Universidad de Salamanca, y sin pretender más que apoyar el criterio de la ley vigente en la Ciudad de México, nos encontramos ante una apología de la eutanasia, pues trata de una persona que no es enfermo terminal, sino de la eutanasia y del suicidio como medios para “solucionar” los problemas de la discapacidad.

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Grupo técnico de análisis de información de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico


jueves, 16 de agosto de 2018



Estudiantes de ciencias de la salud y la seguridad de los pacientes


El desarrollo tecnológico contribuye al aumento de la complejidad de los diagnósticos y también de los procedimientos terapéuticos. El crecimiento logístico y estructural de los hospitales y las redes de atención de la salud va de la mano con escenarios, en los cuales grandes cantidades de pacientes reciben atenciones tanto multidisciplinarias como complejas. Las leyes y normativas sobre los derechos de los pacientes, la docencia y la investigación en salud, han evolucionado, y su conocimiento es indispensable para un correcto ejercicio profesional.

La formación actual de los futuros profesionales en ciencias de la salud debe ir más allá del aprendizaje de una gran cantidad de conocimientos y destrezas clínicas. En el programa formal deben incluirse contenidos que los ayuden a entender y desenvolverse con propiedad respecto a la procura de la seguridad de los pacientes, con los cuales, inevitablemente, ha de tener relación, de alguna forma durante su aprendizaje. Resulta imperativo para el estudiante de ciencias de la salud, que al menos reciba un curso formal y bien diseñado, antes de ingresar a las rotaciones clínicas, que le ilustre sobre los lineamientos y retos globales de la Organización Mundial de la Salud en materia de seguridad del paciente, además de incentivar a que se consolide una cultura no punitiva en los hospitales, con lo cual podría impulsar el adecuado reporte de los incidentes y eventos adversos, a su vez permitir que los estudiantes puedan comenzar a familiarizarse con la seguridad y la calidad de la atención a los pacientes desde su formación profesional.


Se ha llegado a sugerir, que las instituciones de salud podrían aplicar un examen de verificación para evaluar conocimientos y destrezas relativas a la seguridad de los pacientes, antes de admitir estudiantes en sus instalaciones.

Existe una gran necesidad de reorientar las políticas de formación, certi­ficación y recerti­ficación de los recursos humanos en salud, y de la formación de especialistas y subespecialistas en particular, ampliando las fronteras de las especialidades básicas. Amerita meditar sobre un nuevo reto global: “formación profesional segura, asegura la calidad de la atención”. Con recursos humanos especializados en áreas básicas y de alta calidad, capacitados en seguridad para los pacientes, los países podrán garantizar mejor la cobertura universal a los sistemas de salud, y de los sistemas integrados de servicios de salud.

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Grupo técnico de análisis de información de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico


lunes, 13 de agosto de 2018



La importancia de la salud en los médicos residentes y su relación con la calidad y seguridad del paciente


En el mundo los sistemas de salud se apoyan en buena medida en los médicos residentes y México no es la excepción. La Secretaría de Salud ha reconocido 81 especialidades, de las cuales 24 son de “entrada directa”, donde mayormente invierte en la formación de los especialistas y el resto son sub-especialidades1, en donde hasta el 2011, se contaba con 6122 plazas anuales de residencias distribuidas en el sector público (2456), Instituciones de Seguridad Social (3284) y el Sector Privado (335) con 252 sedes hospitalarias formadoras de nuevas generaciones de profesionales de la salud especialistas clínicos, quirúrgicos, de cuidados críticos, apoyo diagnóstico y terapéutico, de rehabilitación y cuidados de la salud, de investigación y laboratorio y de plani­ficación, organización y gestión, y aspectos jurídicos.

A partir de una revisión sistemática sobre temas como bienestar, depresión, burnout, per­fil psicológico, calidad de vida, percepción de la residencia, estrés, exceso de trabajo/fatiga y el uso de drogas vinculado con las residencias médicas, se logró identi­ficar 42 publicaciones (de 1979 a 2008) que han abordado esta problemática. Es indispensable sensibilizar a los integrantes de cada servicio de las unidades receptoras de médicos residentes para mantener la competencia académica, la calidad en la atención y como uno de los componentes principales inherentes esta, la seguridad del paciente, convirtiéndose en un factor imprescindible, promover una disciplina enfocada y no una exigencia dispersa. Se incluyeron 88 médicos residentes de ambos sexos 12 especialidades que están realizando sus estudios en un hospital de tercer nivel que para esta muestra, el mayor número de médicos residentes corresponden a traumatología y ortopedia, urgencias, medicina interna e Imagenología.


En este sentido, como resultados principales podemos mencionar que 60.92% de los residentes incluidos en este análisis presentan sedentarismo, 80% obesidad central, 72.41% presentaron alto riesgo cardiovascular y 63.36% reportó antecedentes familiares de diabetes.

Resulta necesario que el sistema de salud mexicano, considere la posibilidad de diseñar un programa de promoción y control de la salud del personal médico en formación, con el propósito de tener un mejor resultado de salud y permita modi­ficar los hábitos alimenticios de los residentes, así como la promoción de la actividad física, ya que el proceso de desgaste físico y mental tiene gran impacto en sus relaciones sociales y a su vez con los pacientes que atiende, una vez que la exigencia y la sobrecarga de trabajo no les permite tener tiempo disponible para ello.

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Grupo técnico de análisis de información de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico

jueves, 9 de agosto de 2018



El expediente clínico electrónico universal en México ¿Cómo se puede defi­nir el expediente clínico electrónico?


Desde el punto de vista de la epidemiología y de la salud pública el ECE universal brindaría información muy valiosa sobre el proceso salud-enfermedad de la población que permitiría instrumentar intervenciones sanitarias muy efi­caces para la prevención y control de las enfermedades. Por otro lado, desde el punto de vista de la administración de servicios de salud, los grandes impactos que tendría el ECE universal sobre el Sistema Nacional de Salud son muy evidentes. En primer lugar, coadyuvaría a una mayor integración y articulación del sistema, se lograría una mayor conectividad entre las instituciones de salud que lo conforman, se evitarían duplicidades en la operación de los expedientes clínicos y se abatirían de manera importante los costos de operación. A pesar de todas estas ventajas y benefi­cios que traería a nuestro país la instrumentación del ECE de tipo universal, los avances logrados hasta el momento son todavía incipientes.


El ECE en México padece de los mismos males del Sistema Nacional de Salud: opera de manera fragmentada, desarticulada y con baja cobertura. Cada institución del sector salud opera una versión distinta de ECE y limitado solo a sus áreas hospitalarias. En el sector privado operan otras tantas versiones con sus propias plataformas cibernéticas desvinculadas del sector público. Desde la Reforma Constitucional del 11 de junio de 2013 existe obligatoriedad de utilizar el ECE en todo el sector salud, sin embargo no ha existido la voluntad política para instrumentarlo. A pesar de que esta reforma constitucional estableció, desde hace cinco años, la obligación del Gobierno Federal para fomentar el ECE, no ha habido avances signi­ficativos al respecto.

Para que el ECE Universal sea una realidad en nuestro país, es indispensable que además de estar establecido en nuestra Constitución, quede plasmado en la Ley General de Salud, en el Reglamento de Prestación de Servicios de Atención Médica y en las Normas O­ficiales Mexicanas ya mencionadas.

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martes, 7 de agosto de 2018



Acceso a los servicios de salud según tamaño de la localidad de residencia e instituciones, 2015


México se encuentra desde hace años en un proceso continuo que pretende asegurar la cobertura de salud a todos los mexicanos, propósito buscado desde la creación de la Secretaria de Salubridad y Asistencia y el Instituto Mexicano del Seguro Social (ambos hace 75 años), la aparición de los trece Institutos nacionales, la creación del ISSSTE a ­finales de los años 50´s; la modi­ficación a principios de la década de los 80 del Artículo 4° de la Constitución que reconoce el derecho a la salud, y como la estrategia reciente más destacable, la aparición del Seguro Popular en el año 2003.

Uno de los eventos socio demográfi­cos más relevantes en los últimos años lo constituye el levantamiento de la Encuesta Intercensal 2015 (EIC 2015) levantada durante ese año por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Es pertinente hacer mención de los resultados principales encontrados por la EIC 2015 entre los cuales destacan el haber estimado una población de 119,530,753 habitantes (48.6% de hombres y 51.4% de mujeres), resultado en parte de una tasa de crecimiento de la población “que por primera vez en 45 años no disminuyó y mantuvo el promedio anual de crecimiento de 1.4%”.

Principales resultados sobre coberturas de Servicios de Salud. El desarrollo del tema que nos ocupa será abordado en esta ocasión únicamente a nivel nacional, a partir del análisis de tres variables incluidas por la encuesta: el sector de afi­liación/utilización, las instituciones de adscripción y el tamaño de la localidad de residencia de los usuarios.
En el ámbito nacional, los datos reportados por INEGI muestran que 98% de la población se declaró usuaria de servicios de salud, siendo dicho porcentaje prácticamente igual en todas las localidades del país, independientemente de su tamaño.




Finalmente, a manera de conclusión diremos que a partir de la información reportada por la Encuesta Intercensal del INEGI, 2015 sobre la categoría de la población a­liada y usuaria de los servicios de salud, hemos intentado inferir un comportamiento indirecto respecto al grado de aceptación de los servicios públicos, el cual estaría en función de que tan alta es la proporción del uso de servicios privados, considerando que esta preferencia podría “apunta hacia la presencia de barreras para el acceso, ya sean de índole personal, económica (principalmente indirectas), organizacionales, sociales y culturales.”

En este análisis se dio particular relevancia al grupo de mayor vulnerabilidad en el país, en cuanto a sus condiciones de vida: los residentes de localidades menores a 2500 habitantes; no obstante en este mismo esquema debe revisarse igualmente otras variables de gran interés respecto al acceso de los servicios de salud, como los grupos de edad, el sexo y las entidades federativas de residencia. Por obvio del espacio, dicho análisis será abordado en un segundo artículo que se presentará en este mismo órgano de difusión.

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