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viernes, 4 de mayo de 2018

El presente número incluye algunas refl­exiones sobre el orden jurídico en México que regula tanto a los cuidados paliativos, como la conexión que guarda respecto a la muerte asistida y la Ley de voluntad anticipada. Se abordan igualmente temas vinculados con la salud mental y la prevención del suicidio. 

El tema debe verse en el contexto de la transición demográfica y epidemiológica sufrida por nuestro país a partir de los años 40s del siglo pasado. En efecto, a principios del siglo XX predominaban los padecimientos transmisibles, de origen infeccioso contrariamente a lo que observamos actualmente en relación con el gran crecimiento de las enfermedades crónicas no transmisibles, aunado todo ello al incremento de la esperanza de vida. Ante esto, los cuidados paliativos resultan ahora necesarios, en la medida que las personas que padecen dichas enfermedades disminuyen su calidad de vida y viven con sufrimiento y dolor a causa de padecimientos incurables.


Considerando que en el mes de septiembre se conmemoró el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y en octubre el Día Mundial de la Salud Mental, resulta interesante hacer especial énfasis en los protocolos a seguir con respecto al diagnóstico y tratamiento de la conducta suicida y los problemas de salud mental buscando siempre como tema central la seguridad del paciente. En este sentido la Organización Mundial de la Salud ha definido al suicidio como el acto deliberado de quitarse la vida, causándose una lesión, con un grado variable en la intención de morir. Se ha identificado literatura que reporta hasta 90% de casos de suicidio en los que se encuentra algún trastorno mental asociado, específicamente la sintomatología depresiva, lo que se constituye en un problema de grave de salud pública a nivel mundial.

Como en la mayoría de los aspectos relacionados con la salud, las marcadas diferencias de recursos económicos y humanos disponibles en diferentes sistemas de salud en el mundo, afecta directamente la estrategia para hacer frente a todas las enfermedades.

A manera de complemento se han incluido otros dos temas, el primero relacionado con indicadores indirectos sobre la práctica médica, en este caso vinculados a la mortalidad intrahospitalaria por enfermedades cerebrovasculares en las principales instituciones públicas de salud de nuestro país; el segundo, una re­flexión sobre la importancia de la investigación epidemiológica en la práctica clínica y la seguridad del paciente.

Esperamos que este número genere especial interés y sobre todo pueda ser considerado como un material más que contribuya en las discusiones para mejorar la calidad de la atención y la seguridad del paciente.

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Atentamente
Grupo técnico de análisis de información de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico

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