El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 45/106 designó el 1º de octubre como Día Internacional de las Personas de Edad.
El tema para conmemorar este año 2017 hace referencia a la necesidad de posibilitar y aumentar la contribución de las personas mayores en sus familias, comunidades y sociedades, a través de vías efectivas que garanticen su participación, teniendo en cuenta sus derechos y preferencias.
En México, el párrafo quinto del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho humano a la no discriminación, motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
El 25 de junio de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, cuyo objeto es garantizar el ejercicio de los derechos a la integridad, dignidad y preferencia, a la certeza jurídica, a la salud, a la alimentación y la familia, a la educación, al trabajo, a la asistencia social, a la participación, a la denuncia popular y a los servicios.
El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores que tiene la atribución de proteger, asesorar, atender y orientar a dichas personas, así como de presentar denuncias ante la autoridad competente cuando resulte procedente.
En términos de dicha Ley las personas adultas mayores son aquellas que cuentan con 60 años o más de edad y que se encuentran domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional.
El tema para conmemorar este año 2017 hace referencia a la necesidad de posibilitar y aumentar la contribución de las personas mayores en sus familias, comunidades y sociedades, a través de vías efectivas que garanticen su participación, teniendo en cuenta sus derechos y preferencias.
En México, el párrafo quinto del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho humano a la no discriminación, motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
El 25 de junio de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, cuyo objeto es garantizar el ejercicio de los derechos a la integridad, dignidad y preferencia, a la certeza jurídica, a la salud, a la alimentación y la familia, a la educación, al trabajo, a la asistencia social, a la participación, a la denuncia popular y a los servicios.
El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores que tiene la atribución de proteger, asesorar, atender y orientar a dichas personas, así como de presentar denuncias ante la autoridad competente cuando resulte procedente.
En términos de dicha Ley las personas adultas mayores son aquellas que cuentan con 60 años o más de edad y que se encuentran domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional.
María Ahuja
Subcomisión Jurídica
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