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lunes, 30 de octubre de 2017

La notificación de incidentes y efectos adversos a la salud: perspectiva del derecho


El objetivo de esta sesión académica fue analizar las tendencias a nivel internacional en materia de implantación de sistemas de notificación y registro de incidentes y eventos adversos en salud, desde la perspectiva del derecho. Para este fin, se revisó el capítulo ll del libro “El establecimiento de un sistema nacional de notificación y registro de incidentes y eventos adversos en el sector sanitario: aspectos legales”, escrito por el catedrático en Derecho Penal Carlos María Romeo Casabona de la Universidad del País Vasco y el Doctor en derecho penal Asier Urruela Mora, de la Universidad de Zaragoza, España.


Los grandes hitos, a nivel internacional, que se destacaron y se analizaron en materia de notificación y registro de eventos para la seguridad del paciente fueron los siguientes:
En diciembre del 2001 la Organización Mundial de la Salud en su informe de la Secretaría EB109/9 recomienda: a) Clasificar, medir, notificar y prevenir los eventos adversos, estableciendo una base de pruebas científicas exhaustivas sobre la epidemiología de los eventos e identificar las prácticas idóneas, b) promover las expectativas de seguridad y desarrollar normas para el buen desempeño de los servicios de salud, c) aplicar mecanismos para el buen funcionamiento de los sistemas de seguridad de la atención de salud, d) aplicar marcos regulatorios de prevención, vigilancia y notificación los eventos adversos y e) facilitar el intercambio de información entre los países y las instituciones de salud.

El modelo en los Estados Unidos de América 

Las características principales que tiene el modelo estadounidense en lo que se refi¬ere a la seguridad del paciente se pueden resumir de la siguiente manera:
a) La Comisión Conjunta sobre Acreditación de Organizaciones Sanitarias (Joint Comission) encargada de velar por la calidad y la seguridad de las prestaciones sanitarias en EE.UU., ha asumido la revisión de los procesos de respuesta ante los eventos centinela en el curso de la acreditación de las unidades de salud, 
b) a partir del establecimiento de la Patient Safety and Quality Improvement Act de 2005 (170), se ha establecido un marco normativo completo en relación a los sistemas de notificación de eventos adversos y de implementación de procesos dirigidos a la seguridad del paciente, 
c) el trabajador de la salud que notifica un evento adverso, no puede ser citado por las autoridades del orden civil, penal o contencioso administrativo ni en el ámbito local, estatal, ni federal,
d) Ningún proveedor (de servicios sanitarios, pudiendo ser personas físicas o jurídicas) puede emprender acciones perjudiciales en el marco laboral contra un individuo con base en el hecho de que el individuo de buena fe notificó,
e) En materia de notificación de eventos adversos, en la mayor parte de los sistemas estatales existentes en EE.UU. no pasa por el anonimato “ab initio” de los datos, sino que existen fases del proceso, en el que los sujetos intervinientes son susceptibles de identificación.
Finalmente, con el análisis de esta experiencia, se concluyó en la sesión académica, la revisión de los modelos más sobresalientes en materia de notificación y registro de eventos adversos en el mundo occidental y la evaluación de las experiencias más exitosas en materia de seguridad del paciente.

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Grupo técnico de análisis de información de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico



jueves, 26 de octubre de 2017


Tesis jurisprudenciales sobre atención médica


Con esta sesión académica, se dio inicio a una serie de tres sesiones en las que se analizarán las principales tesis jurisprudenciales que se han generado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se encuentran vinculadas directamente con los problemas que más frecuentemente generan las quejas médicas en nuestro sistema de salud.

Una tesis se puede definirse como una interpretación que de las normas jurídicas hacen los tribunales de justicia en sus resoluciones. Cuando la interpretación de la norma jurídica se efectúa reiteradamente en el mismo sentido, al menos en 5 ocasiones, entonces la tesis deja de ser aislada y se convierte propiamente en una tesis jurisprudencial. Las tesis jurisprudenciales son una importante fuente del derecho, pues sus contenidos se incorporan posteriormente al cuerpo de las leyes.
Las tesis que se analizaron durante la sesión fueron algunas tesis relacionadas con las guías o protocolos médicos, la responsabilidad profesional médica, el concepto de lex artis, el concepto y fases del acto médico, la libertad prescriptiva, el diagnóstico erróneo, la historia clínica, la negligencia médica y el concepto de responsabilidad civil médica.


Tesis sobre guías y protocolos médicos.- Las guías o protocolos médicos expedidos por la Secretaría de Salud o por la autoridad competente en la son criterios de prudencia, sin que constituyan verdades absolutas, pero permiten definir lo que es la práctica médica adecuada.
Tesis sobre el significado de Lex artis.- La lex artis se define como el conjunto de normas o criterios valorativos que el médico, en posesión de conocimientos, habilidades y destrezas, debe aplicar diligentemente en la situación concreta de un enfermo y que han sido universalmente aceptados por sus pares.

Tesis sobre el concepto de lex artis ad hoc.- La medicina no es una ciencia exacta, por lo que no puede pronosticar ni asegurar resultados favorables en todos los casos. En estas condiciones, dada la gran variabilidad y complejidad que rodean a una condición clínica concreta, algunas dependientes del profesional, otras de las condiciones particulares del paciente, de los recursos o infraestructura que se disponga y, finalmente, por las circunstancias que la rodean, es imposible aplicar la misma normativa en todos los casos, sino que éstas deben adecuarse al caso concreto.
Durante el transcurso de la sesión se dio un animado debate sobre las mejores maneras de aplicar las tesis jurisprudenciales analizadas, a las quejas médicas que de manera cotidiana enfrenta la CONAMED a través de la elaboración de laudos y de dictámenes.


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Grupo técnico de análisis de información de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico



1º de octubre, Día Internacional de las Personas de Edad.

El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 45/106 designó el 1º de octubre como Día Internacional de las Personas de Edad. 

El tema para conmemorar este año 2017 hace referencia a la necesidad de posibilitar y aumentar la contribución de las personas mayores en sus familias, comunidades y sociedades, a través de vías efectivas que garanticen su participación, teniendo en cuenta sus derechos y preferencias.

En México, el párrafo quinto del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho humano a la no discriminación, motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

El 25 de junio de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, cuyo objeto es garantizar el ejercicio de los derechos a la integridad, dignidad y preferencia, a la certeza jurídica, a la salud, a la alimentación y la familia, a la educación, al trabajo, a la asistencia social, a la participación, a la denuncia popular y a los servicios.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores que tiene la atribución de proteger, asesorar, atender y orientar a dichas personas, así como de presentar denuncias ante la autoridad competente cuando resulte procedente.

En términos de dicha Ley las personas adultas mayores son aquellas que cuentan con 60 años o más de edad y que se encuentran domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional.

María Ahuja


Subcomisión Jurídica

 

miércoles, 25 de octubre de 2017

Algunas consideraciones en torno a la mortalidad materna, el indigenismo, la marginación y los derechos humanos

México es un país de grandes desigualdades sociales, con altos porcentajes de población en pobreza y marginación e importante presencia de grupos indígenas. Los últimos datos reportados por la Encuesta Intercensal levantada por el INEGI durante 2015 señalan una población de más de once millones de habitantes que se declaran como indígenas, con todo lo que ello implica respecto a vulnerabilidad y discriminación hacia su propia cultura, de los cuales 7.4 millones son hablantes de alguna lengua indígena; 23% de la población reside en localidades extremadamente dispersas (menores de 2500 habitantes), en tanto que según estimaciones del CONEVAL más del 52% de la población vive en niveles de pobreza, y que de acuerdo a CONAPO más de 16 millones de habitantes (13.7%) reside en municipios de alta y muy alta marginación.

Las tres características antes señaladas (pobreza, marginación e indigenismo) se entrelazan entre sí y comparten características comunes respecto a sus niveles de vida y sus características sociodemográficas, siendo que en particular las mujeres que forman parte de este grupo de población representan el eslabón más débil frente a una cadena de factores que afectan y condicionan sus precarias condiciones de vida y de salud.

Con el fin de centrarnos en la relevancia de éste tema, es conveniente precisar que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud la mortalidad materna es el fallecimiento de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días posteriores a la terminación del embarazo, independientemente de la duración, circunstancias o causas relacionadas con el embarazo y su manejo, exceptuando aquellas causas accidentales o incidentales. 


Ya se comentó que a nivel nacional y según los últimos datos disponibles correspondientes al año 2015, ocurrieron 944 defunciones maternas, de las cuales solo 778 intervienen en el cálculo de la razón de mortalidad materna, después de excluir 128 muertes tardías, 23 por coriocarcinoma y 15 por otras causas, la mayoría secuelas, a partir de las cuales se obtiene una razón de muerte materna de 36,4 defunciones por cada diez mil nacimientos.
Veremos en este caso que el nivel de mortalidad materna se encuentra fuertemente asociado al comportamiento de otras variables vinculadas con los niveles de pobreza, como son los porcentajes de hablantes de lengua indígena, de población dispersa y de población residente en municipios con altos niveles de marginación. Los ejemplos más claros se observan en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. 

Finalmente y más allá del potencial cumplimiento de las metas internacionales señaladas para el ámbito nacional, resultaría de elemental justicia social la implementación de una estrategia de equidad que reconociera como meta objetivo y trabajara operativamente en ella a fin de lograr la reducción de la muerte materna de forma tal que la RMM en los municipios marginados sea al menos igual al valor de la meta nacional establecida. 

“La fortaleza de una cadena se determina por la dureza del eslabón más débil”

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Grupo técnico de análisis de información de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico

martes, 24 de octubre de 2017

RECOMENDACIÓN GENERAL NO. 31/2017 SOBRE LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD


El 30 de agosto de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Recomendación General No. 31/2017 sobre la violencia obstétrica en el Sistema Nacional de Salud que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Síntesis de la recomendación:

Secretarios de Salud, de la Defensa Nacional y de Marina; Gobernadora y Gobernadores de las Entidades Federativas; Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y Directores Generales del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto Nacional de Perinatología y de Petróleos Mexicanos; las siguientes Recomendaciones Generales:

PRIMERA. Que se diseñe y ponga en práctica una política pública de prevención de violaciones a los derechos humanos de las mujeres en ocasión del embarazo, el parto y el puerperio, centrada en el reconocimiento de la mujer como protagonista, en la relación materno-fetal, que atienda a las perspectivas de derechos humanos y género, constituida por acciones de capacitación y sensibilización continua al personal de salud que presta sus servicios en la atención gineco-obstétrica, para contrarrestar prejuicios basados en la discriminación de las mujeres y para el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas; así como de información a las mujeres usuarias sobre sus derechos y cómo ejercerlos.

SEGUNDA. Que se asuman los acuerdos necesarios, sobre requerimientos técnicos, humanos y para que se programe el presupuesto necesario, entre otros, que permitan ampliar y mejorar la infraestructura hospitalaria en la que se atiende a las mujeres en ocasión del embarazo, el parto y el puerperio, con prioridad en zonas alejadas y de marginación social. Al respecto, es necesario que en los establecimientos en que se presten servicios de salud gineco obstétricos y, principalmente en el área de urgencias, cuenten con médicos que atiendan en la forma adecuada a quienes solicitan el servicio.

TERCERA. Que se implemente el “Modelo de Atención a las Mujeres durante el Embarazo, Parto y Puerperio con Enfoque Humanizado, Intercultural y Seguro” de la Secretaría de Salud, en las instituciones del Sistema Nacional de Salud, a fin de garantizar la disminución de la morbi-mortalidad materno-infantil, la atención médica calificada, digna, respetuosa y con perspectiva de género.

CUARTA. Implementar en las instituciones de salud a su cargo, una campaña de promoción de los derechos humanos y salud reproductiva de las mujeres, durante la atención del embarazo, el parto y el puerperio.

QUINTA. Implementar eficazmente las políticas públicas ya previstas en el orden jurídico nacional, relacionadas con la partería tradicional en México y adoptar las medidas necesarias para fortalecer el proceso de vinculación de las parteras y parteros tradicionales al Sistema Nacional de Salud, creando un entorno jurídico e institucional que propicie el respeto y el ejercicio de dicha actividad, mediante el reconocimiento y la promoción de las aportaciones, práctica y desarrollo de la medicina tradicional indígena en condiciones adecuadas y garantizando que la capacitación técnica que reciban sea periódica, actualizada y además tome en cuenta sus usos y costumbres. Señalando de manera enunciativa mas no limitativa, las siguientes medidas: Asegurar el acceso y destinar espacios adecuados en los hospitales para que las parteras y parteros tradicionales puedan asistir y brindar acompañamiento a las mujeres embarazadas; impartir cursos y/o talleres y desarrollar campañas de sensibilización dirigidos al personal médico que labora dentro de Sistema Nacional de Salud sobre la importancia y el respeto de la partería tradicional; proveer a las parteras y parteros tradicionales de los instrumentos necesarios para prestar sus servicios en condiciones idóneas (distribución de suministros, maletines obstétricos o sencillos estuches desechables para asegurar las buenas condiciones higiénicas de los partos, organización de sistemas de transporte para trasladar los embarazos patológicos, mejoramiento del procedimiento de envío de casos); asegurar que el material que se les facilite durante su capacitación sea culturalmente adecuado e implementar los mecanismos para la sistematización de los resultados y beneficios del ejercicio de la partería.
 
SEXTA. Se adopte lo necesario para asegurar, que en las distintas actividades que se realicen con motivo del desarrollo académico de médicos y/o especialistas, tales como congresos, simposios, foros, seminarios, coloquios, cursos, talleres, entre otras, se integre el estudio de la violencia obstétrica, tomando en cuenta el análisis realizado por esta Comisión Nacional en la presente Recomendación General.

La Recomendación es de carácter general, de acuerdo con lo previsto en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción VIII, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como 140, de su Reglamento Interno; tiene el carácter de pública y se emite con el propósito de que se promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones normativas y prácticas administrativas que constituyan o propicien violaciones a los derechos humanos.
 
María Ahuja.

Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2016-2018


El 16 de agosto de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2016-2018, que será de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.

Los objetivos, estrategias y líneas de acción de dicho Programa tienen como propósito dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a las Metas Nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y entre órdenes de gobierno, la articulación de acciones prioritarias y presupuestos y la vinculación entre los sectores público, privado, social, académico y las organizaciones de la sociedad civil, en torno a la política de niñez y adolescencia del Estado mexicano.

La Secretaría de Salud participa en la ejecución del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2016-2018.
 
Cabe recordar que el 4 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tiene entre sus objetos el reconocer y garantizar a niñas, niños y adolescentes el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos.
 
María Ahuja.




9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas


El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas, estableció el 9 de agosto como el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, con el objeto de fortalecer la cooperación internacional para la solución de los problemas de los pueblos indígenas relacionados con sus derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud.

México tiene una composición pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas, es decir, es un territorio en el que se desarrollan diferentes comunidades con costumbres y tradiciones propias.

La protección y garantía del reconocimiento y libre determinación de los pueblos indígenas se establece en documentos internacionales ratificados por México, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en las constituciones de las entidades federativas, así como leyes federales y locales que rigen el actuar del Estado.

En agosto de 1990 México ratificó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribunales en Países Independientes, adoptado en 1989 por la Organización Internacional del Trabajo. El Decreto promulgatorio correspondiente a dicho Convenio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 1991.

En términos del artículo 2, inciso A de la CPEUM, los pueblos y las comunidades indígenas tienen derecho a la libre determinación y autonomía para:

 1.    Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

2.    Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de la CPEUM, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.

3.    Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.

4.    Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

5.    Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en la CPEUM.

6.    Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la CPEUM y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de la CPEUM.

7.    Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos.

8.    Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de la CPEUM. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Con fundamento en lo anterior, el 13 de marzo de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas cuyo objeto es regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas, bajo un contexto de respeto a sus derechos.

Días después, el 21 de mayo de 2003, se publicó en el señalado órgano de difusión la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas con la que se crea la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas cuya finalidad es orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas.
 
María Ahuja.
 

lunes, 23 de octubre de 2017

jueves, 19 de octubre de 2017

Los errores asociados a la atención médica representan un problema de salud pública y se han convertido en una amenaza para la seguridad del paciente. A medida que las instituciones de salud establecen el "error" como una prioridad de investigación, tal vez encontremos la respuesta a la pregunta más fundamental que sigue siendo difícil de alcanzar: ¿Qué es un error asociado a la atención médica?

No obstante un número creciente de estudios e investigación del error en la medicina, pocos han de­finido o medido "error médico" directamente. En su lugar, se han adoptado medidas de sustitución de error que dependen en gran medida de los resultados adversos o lesión (es decir, son el resultado dependiente) en el paciente. La falta de normalización de la nomenclatura y el uso de múltiples y superpuestas de­finiciones de los errores médicos han obstaculizado la síntesis de datos, el análisis, el trabajo colaborativo y la evaluación del impacto de los cambios que se han propuesto para mejorar la prestación de atención médica. Es por esto fundamental conocer el impacto del error médico, su diferencia con la mal praxis y la identi­ficación de las causas del por qué se comenten dichos errores, situación que sin duda contribuye a fortalecer la cultura de la calidad en la prestación de los servicios de salud.

Los errores deben ser conocidos pues la mejor estrategia para evitar en la medida de lo posible su aparición, es darlo a conocer y así evitar que sean encubiertos y en consecuencia, se mantenga latente la posibilidad de que se repita. En gran proporción la mayoría son prevenibles y una fuente de apoyo para constituir una cultura basada en el aprendizaje y tema central de investigación.
En la CONAMED, los conflictos derivados de la comunicación en la relación médico paciente se presenta cuando el personal médico no expresa claramente el mensaje que pretende al paciente, que lejos de tener el mismo nivel de conocimiento médico, puede recibir un mensaje distorsionado o en un lenguaje que no domina, lo que da lugar a problemas en la comunicación y por consecuencia, a quejas y malos entendidos.
En ese sentido es que manejamos los incidentes de comunicación como factores coadyuvantes o detonantes de la comisión de otros tipos de errores, incluso de mayor gravedad, es por esto que deben ser tomados en cuenta en cualquier programa de implantación de acciones de mejora de la calidad.
En este número revisaremos las características del error, el error asociado a la atención médica, la mal praxis, la forma en que estos se comportan, el papel que juegan los mecanismos de comunicación y algunos temas de interés general.

El texto que acabas de leer corresponde al editorial del boletín 5, el cual puedes consultar en la siguiente liga:


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miércoles, 18 de octubre de 2017


Uno de los temas de mayor urgencia en nuestra sociedad es el relativo a los Derechos Humanos, entendidos estos como la relación que se mantiene entre el Estado y los ciudadanos con “libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos” que incluyen a toda persona por el simple hecho de serlo. El concepto de derechos humanos es considerado como universal, intransmisible, irrenunciable e inherente a todo individuo, con la intención de garantizar equidad y protección a los seres humanos.

No obstante, los grandes avances en las últimas cuatro décadas en el ámbito de la salud, la violación a estos derechos es un sentimiento que la población percibe, en diversos grados en el transcurrir cotidiano. En este sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos se ha transformado en un punto de referencia obligado para cualquier discusión de carácter ético-político, al considerar a todos los seres humanos, desde la población indígena sin acceso efectivo a las instituciones de salud, campesinos que son discriminados y marginados, sin el poder adquisitivo para medicamentos y tratamientos; trabajadores asalariados que reciben atención en instituciones públicas con largos tiempos de espera; enfermos que no pueden ser atendidos adecuadamente por una infraestructura de servicios y equipamiento defi­ciente; mujeres embarazadas que sufren maltratos durante la atención del embarazo, parto y puerperio; en tanto que la población en general se encuentra expuesta al otorgamiento de una atención médica que con frecuencia descuida la seguridad de los pacientes y sus familiares.
Ante estos hechos, es importante recordar que en 1948 fue redactada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con el propósito de defender los derechos fundamentales de la persona, en el que se reconoce a la salud como parte de ellos y en su artículo 25 menciona que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. Es así como el derecho a la salud es reconocido como un derecho más que indispensable, es fundamental para poder ejercer otros derechos humanos.

Este derecho considera libertades y derechos; entre las libertades se incluye el derecho de las personas de controlar su salud y su cuerpo; derechos sexuales y reproductivos, y sin injerencias; torturas y tratamientos, y experimentos médicos no consensuados. Entre los derechos se consideran el derecho de contar con el acceso a un sistema de protección de la salud que permita que todas las personas obtengan las mismas oportunidades de disfrutar el grado máximo de salud que se pueda alcanzar.

Las políticas y programas de salud deben promover los derechos humanos, en función de la manera en que se formulen y se apliquen. La adopción de medidas orientadas a respetar y proteger los derechos humanos a­fianza la responsabilidad del sector sanitario respecto de la salud de cada persona. En este sentido, debe trabajarse a favor de que los miembros del equipo de salud se comprometan con los derechos y garantías contenidas en la Constitución y en los respectivos convenios internacionales vigentes, los cuales no deben entenderse como exclusión de otros, que siendo inherentes a la persona humana, puedan no ­figurar expresamente en ellos.

En México nuestra constitución contempla dicho derecho, sin embargo hay mucho camino por andar, para actuar con equidad y efectividad, asegurar el acceso a este servicio y preservar un derecho que nos beneficia a todos.

El derecho a la salud nos incluye a todos.

El texto que acabas de leer corresponde al editorial del boletín 4, el cual puedes consultar en la siguiente liga:


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martes, 17 de octubre de 2017


 Es un hecho que en las últimas décadas, en distintos lugares del mundo se está realizando un esfuerzo para conocer cuáles son los eventos adversos que se encuentran en el entorno de la atención médica, con el firme propósito de conocer sus causas y en consecuencia, diseñar y poner en práctica soluciones efectivas a estas situaciones que tanto afectan la salud y la seguridad de los pacientes.
Ante este panorama, la seguridad del paciente se ha convertido en una actividad prioritaria de los Sistemas de Salud, de los establecimientos de atención médica y del personal de salud, siempre con el propósito de prevenir y evitar en la medida de lo posible, los riesgos de accidentes y los daños que pueden llegar al paciente, originados por eventos adversos que son prevenibles durante la atención médica sin desmerecer ni dejar de reconocer a la seguridad como un componente sine qua non de la calidad de atención médica.
Uno de los puntos de partida en materia de seguridad del paciente es tener un lenguaje homogéneo que favorezca la comunicación entre el personal médico y los usuarios de los servicios de salud, y así entender la complejidad del proceso salud-enfermedad y ubicar el acto médico dentro de este contexto, asimilando fácilmente los cambios en la relación médico paciente y en especial el conflicto que se está viviendo en ella. La implementación de estrategias que permitan la solución de conflictos, es uno de los objetivos prioritarios en algunos países, de ahí que la detección de la problemática relacionada con las fallas en el proceso de comunicación se transforma en una prioridad de estudio y solución, para mantener las bases del ejercicio de la medicina, y lograr además hacerlo con calidad y preservando la seguridad del paciente en los servicios de salud.

Para que esto sea posible, se requiere en primera instancia estandarizar la terminología, con el propósito de tener un arranque adecuado, y que sea similar y comparable, ya que a la fecha, se ha desarrollado un metalenguaje, lo que en condiciones normales podría tener una acepción diferente para quien lo usa, dado que este riesgo existe y que precisamente se trata de evitar confusión alguna y de que todos entendamos y expresemos lo mismo, se ha desarrollado un glosario de términos frecuentes utilizados dentro de la aplicación de la seguridad del paciente a cargo de la OMS, como parte fundamental en el establecimiento de cualquier programa o proyecto de seguridad del paciente, hecho que no solo sucede en el idioma español sino en todos los idiomas.
Los eventos adversos se han distinguido por ser la consecuencia producida por el error, que desde nuestra perspectiva no solo involucra al personal médico, sino a todo el equipo de salud y en gran medida a la institución. Siendo los eventos adversos una problemática de salud pública, ya que las muertes producidas por estos, son comparables con la mortalidad a causa de accidentes automovilísticos o las muertes por cáncer de mama en algunos países.
Es importante generar mecanismos de control que tengan por objetivo prevenir errores y así cumplir con la responsabilidad de disminuir y mitigar la gran cantidad de actos inseguros dentro de los sistemas de salud considerando que la seguridad es un principio fundamental en el cuidado del paciente y un elemento crítico de los procesos de gestión de calidad, sobre todo cuando nuestros esfuerzos se enfocan en el mejor resultado para el paciente, favoreciendo así el desarrollo de una cultura de seguridad, que por una parte acepta los riesgos inherentes a la prestación de los servicios y que por otra, permita abiertamente la discusión de eventos adversos y los errores o fallas en el sistema, sin perder de vista que el progreso hacia atención médica segura requiere tiempo, es lento y necesita del compromiso de todas las áreas, incluyendo administraciones y servicios generales, para posicionar la seguridad de los pacientes en el centro las políticas como una prestación de servicios libre de eventos adversos y así atenuar en su caso, las inconformidades que se generan derivadas del acto médico.

El texto que acabas de leer corresponde al editorial del boletín 3, el cual puedes consultar en la siguiente liga:


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lunes, 16 de octubre de 2017

Un principio fundamental de la medicina, primero no hacer daño, que se atribuye a Hipócrates, parece por demás, ser muy obvio en la prestación de la atención a la salud, no obstante existe un gran número de incidentes adversos que provocan daño en los usuarios de los servicios de salud y que en consecuencia, dan pie a inconformidades, a la promoción de quejas, al deterioro de la relación del personal de salud con el usuario, entre otros. Desde la publicación del informe Errar es humano en 1999 del Instituto de Medicina, realizar mediciones, informes de daños y los resultados en la ejecución de medidas para mejorar la seguridad del paciente han tenido prioridad en las instituciones y dependencias de salud en el mundo. Sin embargo, las estadísticas nacionales e internacionales nos muestran que aún queda mucho por hacer.

El primer paso para reducir el daño al paciente es comprender la magnitud del problema. Esto sólo se puede lograr con informes precisos, con reportes certeros y utilizando fuentes de información de calidad. En este sentido, es necesario obtener información que permita evaluar que barreras aportan a la mejora de la seguridad, favoreciendo un enfoque sistémico que permita reducir el daño, que benefi­cie el desarrollo de una cultura de seguridad del paciente, involucrando activamente la participación de los usuarios (pacientes y familiares) como corresponsables en las acciones de seguridad del paciente, considerando en la medida de lo posible, la atención basada en la evidencia y la toma de decisiones a conciencia.

Cuando el daño ha sido tal que incide en la muerte del usuario, es indispensable saberlo para prevenir futuros incidentes. Actualmente las estadísticas ofi­ciales no consideran a los errores médicos como causa de defunción tal y como se comenta en una de las aportaciones.
Es de destacar que el liderazgo en todos los niveles es necesario para reforzar la seguridad en los sistemas de salud y para fomentar una cultura de la seguridad, considerando estos temas desde la formación de recursos humanos para que el conocimiento se traduzca en la práctica.
Por encima de todo, el proceso de atención médica debe centrar todos los esfuerzos en los usuarios, en la seguridad del paciente a su paso por el establecimiento de atención médica, considerando el cumplimiento de sus expectativas como objetivo principal, sin dejar de lado el restablecimiento de la salud.
En este número, revisaremos temas que nos harán reflexionar y entender un poco más, a los incidentes adversos.

El texto que acabas de leer corresponde al editorial del boletín 1, el cual puedes consultar en la siguiente liga:


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Grupo técnico de análisis de información de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico






jueves, 12 de octubre de 2017


En el mes de junio de 2011 la CONAMED recibió por primera vez y por un período de cuatro años, de parte de la OPS/OMS, el nombramiento de “Centro Colaborador en Calidad y Seguridad del Paciente”, consiguiendo recientemente la ratificación del mismo para un nuevo periodo 2015-2018. Entre las funciones principales del Centro Colaborador se destaca lo relativo al fomento a una cultura de la calidad de la atención y la mejora de la seguridad del paciente, a través de la realización de actividades vinculadas con promoción, divulgación, capacitación, investigación, integración de información y desarrollos conceptuales y metodológicos sobre la Clasificación Internacional de Seguridad del Paciente y temas afines.
Las actividades y proyectos que serán realizados como parte del programa de trabajo tendrán un abordaje bajo el enfoque de los tres términos de referencia acordados:


  • Apoyar a la OPS/OMS en el desarrollo de técnicas de mediación y expertos forenses en los mecanismos alternativos para la resolución de confl­ictos entre los ciudadanos y los sistemas de salud.
  • Colaborar con la OPS/OMS en el empoderamiento de derechos a la salud de los ciudadanos a través de la promoción, difusión y la educación en materia de derechos de los pacientes.
  • Brindar apoyo a la OPS/OMS en la implementación de la calidad de la atención en los sistemas para reducir los confl­ictos entre los ciudadanos y los profesionales de la salud a través de la promoción, implementación y uso de sistemas de notificación y registro de eventos adversos en las unidades médicas.




Con el fin de dar a conocer los resultados de los mismos es que surge la necesidad de contar con un órgano de difusión que nos permita compartir con el público interesado en dichos temas, las reflexiones, hallazgos y avances que sobre los mismos vienen trabajando los compañeros colaboradores de la CONAMED. El boletín del Centro Colaborador de Calidad y Seguridad en el Paciente, constituye un proyecto editorial al cual le auguramos un gran éxito en la medida que existe una amplia variedad de temas a considerar, asimismo con el fin de establecer un diálogo con nuestros lectores y usuarios, ponemos a su consideración el correo electrónico: centrocolaborador@conamed.gob.mx, así como el blog que aparece en la página institucional a fin de recibir sugerencias y comentarios sobre los contenidos presentados.
El contenido central de este primer número consiste en incluir algunas generalidades y propósitos sobre los Centros Colaboradores, particularmente de México con énfasis en el que ahora nos ocupa. Se menciona el ciclo de sesiones académicas que se llevan a cabo regularmente en la CONAMED, se incluye una nota histórica sobre los Padres de la medicina moderna, un apartado metodológico sobre los Procesos de gestión de calidad, una sección sobre cuestiones jurídicas relativas al acto médico y un apartado de Hechos y datos, en el cual se analizan las principales inconformidades recibidas por la CONAMED durante 2014.
No omitimos señalar que los contenidos y temas tratados en éste y los números subsecuentes del boletín tendrán como fin último contribuir a la mejora de la seguridad del paciente mediante la propuesta de soluciones que impacten en la calidad de la atención pretendiendo siempre el prevenir riegos y disminuir daños a los pacientes.
Con la Calidad y la Seguridad del Paciente en el centro del debate elaboramos este primer boletín esperando aportar con temas que prometen un atractivo momento de lectura y consulta académica y científica. Exhortamos a nuestros lectores a seguir nuestra publicación, a escribirnos, a re­flexionar sobre los contenidos y a enviarnos las sugerencias que tuvieran al respecto.

El texto que acabas de leer corresponde al editorial del boletín 1, el cual puedes consultar en la siguiente liga:


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miércoles, 11 de octubre de 2017

El compromiso entre pacientes y familiares para el autocuidado


Teniendo en cuenta la importancia del autocuidado en la promoción de la salud y el bienestar de los seres humanos, resulta necesario proponer una nueva forma de asumir el autocuidado en los pacientes y sus familiares, de acuerdo con sus características culturales de género, etnia, clase y ciclo vital, siempre pensando en favorecer la relación entre el personal de salud y los usuarios de los servicios de salud.

En este sentido, el presente artículo presenta una metodología para involucrar a los pacientes y sus familiares, ya que se ha demostrado que cuando los pacientes se involucran en el cuidado de su salud se favorece la seguridad y calidad de la atención.


A través de esta metodología, se consideran cuatro estrategias principales con la finalidad de promover el compromiso del paciente y familia en la seguridad del paciente y la calidad de la atención. 
Animar a los pacientes y familiares a participar en calidad de asesores. 
Promover una mejor comunicación entre los pacientes, sus familiares y los profesionales de la salud desde la admisión a la unidad hospitalaria. 
Implementar la atención segura continua, manteniendo al paciente y a su familiar con informes constantes mediante la enfermera en turno.
Involucrar a los pacientes y sus familias en la planificación del egreso.

Para concluir, no olvidemos que se debe plantear que la seguridad del paciente dentro de los programas de garantía de calidad, no es un modismo, ni un nuevo enfoque en los servicios de salud; sino una responsabilidad profesional implícita en el proceso de atención médica, sin embargo, resulta necesario apoyarnos en los familiares o cuidadores de los pacientes, así como en la participación del paciente, para que esto se pueda llevar a cabo, es necesario considerar en los programas educativos, temas de autocontrol y/o autocuidado y así poder impactar en el curso de la enfermedad, en cuanto a la calidad de vida del paciente y a las complicaciones de salud que ellas generan.

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martes, 10 de octubre de 2017

Fuentes de Información para la medición de los eventos adversos


Cada vez con mayor frecuencia se habla de la importancia que en el ámbito de la seguridad del paciente tiene la ocurrencia de los eventos adversos, su frecuencia, tipología, impactos, entre otros, de ahí la relevancia de disponer de fuentes de información que nos permitan el conocimiento y la caracterización de los mismos.
En ese sentido, el propósito de la presente aportación es hacer una revisión de las diversas fuentes a partir de las cuales un establecimiento médico o institución de salud puede obtener un acercamiento sobre el número de incidentes o eventos adversos ocurridos durante el proceso de atención a la salud que ha brindado. 


Por ello comentamos de manera breve algunas metodologías y fuentes de información que pudieran mostrar, al menos de manera global, la magnitud de los eventos adversos presentados, así como la etiología multicausal de éstos y sus efectos sobre la población sujeta de análisis.
Dentro de los mecanismos que permitirán la consulta directa con la población involucrada con los eventos adversos, sea por ser personal de salud responsable de la atención médica o bien usuarios de los servicios de salud, se mencionan los siguientes: 

Sistemas de notificación y reporte continuos de eventos adversos. 
Reporte de los eventos e incidentes por parte de la población usuaria y sus familiares, a través del levantamiento de quejas y reclamaciones. 
Aplicación rutinaria de encuestas locales en población previamente seleccionada (sea necesaria, como personal de salud prestador de la atención).

Como parte de los métodos indirectos de cuantificación de eventos, se destacan los siguientes mecanismos: 
Revisión de historias clínicas (en forma retrospectiva) a partir de trazadores previamente seleccionados a fin de obtener un índice mayor de efectividad en la metodología. 
La revisión y análisis de expedientes médico-legales que se levantan en ocasión de una queja (por ejemplo el proyecto ARIEL sobre los laudos de CONAMED). 
La revisión y análisis de expedientes médico-administrativos correspondientes a proyectos como el de búsqueda intencionada de muertes maternas. 
Utilización de bases de datos de la estadística de egresos hospitalarios o de procedimientos médico quirúrgicos, con el fin de documentar indicadores y parámetros previamente establecidos, generalmente orientados a la medición indirecta de la calidad del servicio prestado.

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